El Govern de Armengol defendió la concesión de Calanova y luego acusó penalmente al exconseller del PP

El origen y la instrucción de la querella contra el exconseller del PP Carlos Delgado por la adjudicación del puerto de Calanova sigue generando muchas dudas. Como ha publicado OKDIARIO, la instrucción final del caso la ha desarrollado la fiscal Laura Pellón, premiada ahora con un cargo en la Fiscalía Europea. De la intervención del Govern de izquierdas que preside Francina Armengol llama la atención que se sumara al procedimiento penal contra Delgado por el caso Calanova después de haber defendido la adjudicacion del puerto.

El último episodio de este caso es que Laura Pellón firmó el día 10 de mayo de 2021 el escrito de acusación contra el exconseller del PP  y seis días después firmo su contrato como Fiscal Europea Delegada.

Antes de esto, la Asesoría Jurídica del Govern de Armengol defendió primero la legalidad de la adjudicación cuando la empresa que quedó clasificada en segundo lugar interpuso una demanda contencioso-adaministrativa. Sucedió esto elo 31 de julio de 2015. Ya gobernaba en Baleares el pacto de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol.

La adjudicación de la explotación privada del Puerto Calanova se aprobó en 2013 por parte del consejo de administración del organismo que gestiona los puertos que son competencia del Govern balear. Este consejo estaba formado por 19 personas y presidido por Carlos Delgado en su calidad de conseller de Turismo. Se realizó la adjudicación a propuesta de una mesa de contratación formada por siete funcionarios

Cuatro años después de esta adjudicación el explotador del restaurante existente en el puerto de Calanova, Alfonso Robledo, interpuso la querella contra Delgado y otras personas. Lo hizo tras no llegar a un acuerdo con la concesionaria del puerto para continuar en el restaurante.

Alfonso Robledo es el presidente de la Federación Empresarial de
Restauración de las Islas Baleares y antes de formalizar la querella amenazó con presentarla si no se le dejaba continuar con la explotación del restaurante del puerto de Calanova.

La presentación de esta querella fue un hecho inesperado para el Govern de Armengol. De  pronto vio la oportunidad de actuar contra el exconseller del PP y decidió acusarle en el procedimiento penal pese a haber defendido previamente la legalidad de la adjudicación en el procedimiento contencioso-administrativo.

Como representante legal en la causa, el Govern designó a la letrada María de los Ángeles Berrocal, de conocida sintonía con el pacto de izquierdas.

Aparte está la actuación del juez instructor, Iñigo Ares González –quien inadmitió a trámite una querella por falso testimonio presentada por el exconseller del PP Carlos Delgado contra una testigo del proceso cuando ya estaba destinado en otro juzgado, concretamente en Manacor.

Lo sorprendente del asunto es que en el escrito de acusación firmado por
la mencionada letrada se dice literalmente que de los hechos no llevan
“aparejado de manera automática un perjuicio económico para la
Administración” y que “lo anterior no conlleva, de por sí y en este
momento, la automática nulidad de la concesión otorgada”.

Es evidente que no hay perjuicio económico dado que la gestión pública del puerto de Calanova suponía una pérdida anual de casi un millón de euros mientras que ahora las arcas públicas cobran un canon de 748.000 euros. Son 123.000 euros más que el canon ofrecido por la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso. Además, la adjudicataria ha realizado una inversió de más de cuatro millones de euros en el puerto de Calanova, unas obras de mejora que el Govern balear difícilmente podía acometer.